8-10-2020 / La alcaldesa Ada Colau y el ministro de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, han firmado hoy un protocolo inédito en materia de vivienda. Es la primera vez que un ayuntamiento pacta con el ministerio el acceso directo y a fondo perdido de dinero público procedente del Estado para la promoción de vivienda pública de alquiler.
El acuerdo apoya uno de los ejes principales del Plan por el derecho a la vivienda de Barcelona (2016-2025): la ampliación del escaso parque público de alquiler a través de nuevas viviendas, ya sean promociones construidas directamente por el operador municipal, o bien a través de cooperativas y promotores privados dispuestos a hacer alquiler protegido.
El acuerdo implica una inyección total de 71,7 millones de euros en los próximos años, destinados todos ellos a proyectos de promoción de vivienda pública de alquiler o vivienda cooperativa en cesión de uso, que el Ayuntamiento ya tiene planificados.
A partir de los Presupuestos Generales del Estado de 2021, el Ministerio aportará 71,7 millones para la promoción de 3.614 viviendas en el marco del Plan 20.000 viviendas de alquiler social o asequible que está impulsando en aquellos ámbitos en los que el mercado esté especialmente en tensión, como es el caso de Barcelona.
Estas 3.614 viviendas corresponden a 54 promociones que el Instituto Municipal de la Vivienda y la Rehabilitación ya tiene en marcha en la ciudad de Barcelona, y en diferentes fases del proceso de promoción. Esta primera aportación se concretará en un convenio entre ambas administraciones que se ratificará una vez se aprueben los presupuestos generales del Estado de 2021.
La aportación estatal contribuirá a financiar una parte de los proyectos de vivienda pública de alquiler que se están desarrollando en la ciudad de Barcelona. Así pues, el total de viviendas que está impulsando el Ayuntamiento desde 2015 suma 7.915 pisos, con una inversión prevista para la construcción de nuevas viviendas de 679 millones.
Apoyo del Estado
Con este acuerdo, el Estado aprueba y apoya las políticas de vivienda del Ayuntamiento de Barcelona, que se desarrollan a través de su Plan por el derecho a la vivienda, y que además de la construcción de vivienda de promoción oficial dedicada en un 80% el alquiler, incluye otros proyectos más innovadores como son las promociones de vivienda cooperativa en cesión de uso y la colaboración con empresas que quieren promover viviendas de alquiler asequible directamente oa través del operador mixto público-privado de alquiler Vivienda Metrópoli Barcelona (HMB).
A su vez, el acuerdo con el Estado rompe las dinámicas vividas hasta el momento de falta de inversiones por parte de la administración central en la ampliación de parque de alquiler público. Durante años, el resto de las administraciones (la Generalitat de Cataluña y la Administración General del Estado) han aportado un porcentaje inferior al 1% del coste total. De hecho, entre 2016 y 2020 el Estado y la Generalitat han aportado un total de 6,6 millones a las inversiones realizadas por el Ayuntamiento en promoción de vivienda. Esto quiere decir que el Ayuntamiento recibió de media 1.091 euros por vivienda construida del resto de administraciones, lo que representa un 0,87% de su coste total.