6-6-2020 / El Ayuntamiento de Barcelona ha adquirido ocho casas de planta baja y piso de la calle Pons i Gallarza del barrio de Sant Andreu, ejerciendo el derecho a tanteo, de acuerdo con lo previsto en la legislación, que declara la ciudad de Barcelona área de tanteo y retracto.
Las casas de la calle Pons i Gallarza, situadas entre los números 105 al 117, y también en la esquina con la calle Renart 51, forman un conjunto edificado en el casco antiguo del barrio de Sant Andreu, calificado urbanísticamente como «Zona de conservación de la estructura urbana edificatoria». Las ocho casas suman un total de 551 m2, con lo que la media de superficie de cada una de ellas es de unos 70 m2. Son casas de planta baja más un piso, con dos habitaciones y con un patio detrás la mayoría de ellas.
Siete de las casas son actualmente la vivienda habitual de siete familias que viven en alquiler, mientras que la octava actualmente se utiliza como local, y también está alquilado. El Ayuntamiento ha adquirido las ocho viviendas a la sociedad Vermont SL, por un precio total de 745.000 euros. Al precio de adquisición de los edificios habrá que añadir los costes de las obras de conservación que habrá que hacer para adaptar las condiciones de las viviendas a los requerimientos de habitabilidad que se exigen en el parque público, unas obras que se calcula tendrán un coste aproximado de 290.000 euros .
Con esta adquisición el Ayuntamiento da respuesta a la reivindicación de los vecinos, que hace más de dos años, cuando se enteraron de la adquisición de las casas por un fondo inversor, levantaron la voz de alarma por el peligro que suponía de expulsión de las familias que viven y para proteger el núcleo antiguo de Sant Andreu de un nuevo episodio de especulación. Así pues, esta actuación contribuye a vencer un proceso de gentrificación, ya que garantiza que estas familias podrán permanecer en sus viviendas, que pasarán a tener un destino público y social.
Por otra parte, el precio de compra sumado al gasto de rehabilitación es inferior al precio actuales de mercado. Esto significa que esta operación de tanteo se ajusta perfectamente a los criterios económicos y los requisitos normativos que establece la normativa para la declaración del área de tanteo y retracto de la ciudad de Barcelona.
Fórmula híbrida y pionera de granja urbana y alquiler
Con esta compra, el Ayuntamiento de Barcelona quiere introducir un elemento innovador en el terreno de los contratos de arrendamiento que gestiona en la ciudad. Ensayará una fórmula híbrida de alquiler asequible y granja urbana, una figura que está prevista en la Ley 18/2007 de 28 de diciembre del derecho a la vivienda, y que con esta iniciativa el Ayuntamiento podrá desplegar. La granja, al igual que el cooperativismo, tienen una larga tradición en Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona cree que son modelos de tenencia y acceso a la vivienda que hay que recuperar, sobre todo en época de crisis.
Este es el primer proyecto de granja urbana mixta en el parque público del Ayuntamiento de Barcelona y el Gobierno municipal espera que tenga un largo recorrido, no sólo en el ámbito público, sino también en el ámbito privado. El Gobierno municipal del Ayuntamiento de Barcelona anima pues los privados a ofrecer la posibilidad de la granja a sus inquilinos, es decir dejar de cobrar alquileres a cambio de hacer reformas a las viviendas, como una fórmula nueva en una época que se prevé especialmente dura y en la que pueden surgir dificultades para unos y otros, para pagar alquileres o para afrontar obras.
Esta fórmula híbrida innovadora que introducirá el IMHAB se vehiculará a través de un nuevo sistema contractual en el que se mezclará por fases el alquiler y la granja urbana, con una renta que subsistirá pero que será variable.
En una primera fase, el organismo municipal de a vivienda ejecutará parte de las obras de conservación en las fincas, las que son comunes a todas las casas y que se han de realizar de forma conjunta, entre las que se encuentra la impermeabilización y el aislamiento térmico de la cubierta. Durante esta fase se mantendrá el régimen de alquiler normal y preexistente.
En una segunda fase, las unidades familiares arrendatarias asumirán las funciones de masoveras y ejecutarán las obras en el interior de sus casas. Durante esta fase, la renta será mínima dado que la realización de las obras supondrá el pago en especie de la ocupación legal del inmueble.
En una tercera fase, una vez realizadas las obras interiores, las familias arrendatarias recuperarían las condiciones de alquiler asequible de parque público.