Barcelona 25-7-2018 / La Comisión Mixta Generalitat-Ayuntamiento de Barcelona se ha reunido hoy dos años después de su última convocatoria. La consejera de Presidencia, Elsa Artadi, y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, han liderado el encuentro que se ha celebrado en el Palau de la Generalitat.
Colau ha recordado que en la última reunión, en julio del 2016, se desatascaron cuestiones importantes para la ciudad: la recuperación de la deuda financiera (valorada en ese momento con más de 100 millones) y acuerdos como la llegada del metro a los barrios de la Marina o la apertura de la Modelo.
Ayuntamiento y Generalitat han acordado celebrar una nueva cumbre bilateral en otoño para concretar el repaso intenso de la agenda que se ha hecho hoy. Estos son algunos de los temas más relevantes:
Deuda ciudadana. «Ahora es el momento de recuperar la deuda ciudadana», ha señalado la alcaldesa en la comparecencia posterior a la reunión. Esta «deuda ciudadana» está cifrada en torno a 60 millones de euros anuales que la Generalitat ha dejado de aportar a Barcelona desde el año 2011 en materias sensibles como las políticas de vivienda, de educación, de servicios sociales o de cultura.
«Justo en el momento en que las necesidades ciudadanas han ido al alza, nos hemos encontrado solos», manifestó Colau, que también ha dejado claro que el Ayuntamiento de Barcelona no pretende que se recupere todo de golpe, pero si progresivamente. Consideró positivo que la Comisión Mixta Generalitat-Ayuntamiento reconozca que existe esta y ha emplazado a concreciones y calendarios.
Guarderías. La Generalitat ha pasado de financiar una tercera parte del gasto en guarderías, una etapa educativa que se considera básica para el desarrollo de los niños, a aportar 0 euros. La deuda que se calcula en este ámbito es de 41 millones de euros. Ada Colau ha explicado que la Generalitat tiene la voluntad de hacer avances a partir del 2019 y ha instado a concretarlo en los próximos meses.
Vivienda. Barcelona se encuentra en un momento de crisis habitacional y con una situación de incremento de los precios del alquiler. El Ayuntamiento, sin tener competencias, ha comprado en este mandato 500 pisos a través de la fórmula de tanteo y retracto, mientras que la Generalitat, ha comprado 5 en Barcelona. En estos momentos Barcelona tiene en marcha 66 promociones de vivienda pública; la Generalitat, 2.
«Los papeles están cambiados», ha alertado la alcaldesa, que ha recordado que la Generalitat, a través del consorcio de la Vivienda, debería asumir el 60% del coste de las políticas en este ámbito, mientras que en realidad, ahora mismo, el Ayuntamiento asume el 80%. Ada Colau ha reclamado un cambio en esta situación y anunció que la reunión del Consorcio de Vivienda (acordada con el presidente Torra) se aplaza hasta septiembre con el objetivo de dar más tiempo para la concreción de acuerdos. La alcaldesa también ha planteado en la reunión la necesidad de recuperar la Ley de Barrios como instrumento para combatir las desigualdades, siguiendo también la estela del Plan de Barrios de Barcelona, que en este mandato habrá invertido 150 millones, con especial atención a el Eje Besòs. La Generalitat, de momento, no lo contempla.
Impuesto turístico. La Comisión Mixta acordó reactivar el grupo de trabajo conjunto para estudiar la posibilidad de establecer un recargo al actual impuesto que permita compensar los gastos y externalidades que supone la actividad turística, especialmente en ámbitos como la limpieza o la seguridad. El Ayuntamiento sigue reclamando la gestión del 100% del Impuesto, (actualmente en recibe el 50%), pero si esto no se concreta, es partidario de establecer un recargo que permita aumentar las aportaciones que recibe el consistorio. El grupo de trabajo conjunto ha abierto la puerta a estudiarlo.
Peticiones al Estado. Se ha acordado una posición conjunta para reclamar la recuperación de las leyes recurridas. Ada Colau ha puesto especial énfasis en la ley 24/2015, que es prioritaria, y también en la necesidad de reformar la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para garantizar contratos de alquiler más largos y la regulación del incremento abusivo de los precios . También han acordado reclamar conjuntamente la recuperación del fondo recortado para la acogida de refugiados.