18-2-2021 / El Ayuntamiento de Barcelona ha ejercido de nuevo el derecho de tanteo y retracto para ampliar el parque público de vivienda de alquiler asequible y evitar un nuevo movimiento especulativo en la ciudad.
Tal y como ha aprobado la Comisión de Gobierno, el Ayuntamiento adquirirá por 1,4 millones de euros tres fincas contiguas, situadas en la confluencia de las calles del Doctor Letamendi y Mont-ral, en el barrio de Horta y junto al Parc Central de Nou Barris.
En total, en las tres fincas viven actualmente 45 unidades familiares, un total de 105 personas, en unas viviendas con una importante falta de conservación y en un estado muy precario. La situación de las familias es diversa, muchas de las cuales en riesgo de exclusión social, con presencia tanto de rentas antiguas, inquilinos con título habilitante, así como contratos de alquiler resueltos.
También hay viviendas vacías que anteriores promotores y fondos de inversión que se habían postulado para comprar la finca habían ido vaciando para rehabilitarlos. Todo ello, en un barrio donde los últimos años han empezado a llegar procesos de gentrificación y sustitución de residentes.
La adquisición por parte del Ayuntamiento evitará la expulsión de vecinos que se encuentran con contratos finalizados y no prorrogados y permitirá la rehabilitación integral de los inmuebles. Precisamente, esta operación da respuesta a las demandas de los inquilinos de estos bloques que durante años han denunciado el riesgo de terminar desahuciados.
Rehabilitación a la vista
Las tres fincas están situadas en la calle del Doctor Letamendi, 103 y en la calle de Mont-ral, 37 y 39-41 y actualmente suman unos ochenta viviendas y locales. Según los estudios previos realizados por el Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación (IMHAB), de estas fincas podrían resultar 36 viviendas tras la reforma, dados los criterios y estándares de construcción de vivienda pública. En las unidades familiares residentes que debido a la reducción del número total de viviendas no puedan permanecer se les proporcionará una vivienda pública de alquiler lo más cercano a la zona.
La rehabilitación de la finca se prevé que tenga un coste de 4,5 millones euros.