Barcelona 6-11-2018 / Los peores pronósticos augurados por el Consejo de la Abogacía Catalana se han cumplido: las demandas presentadas en los cuatro juzgados únicos en toda Cataluña creados expresamente para resolver reclamaciones sobre cláusulas hipotecarias abusivas colapsan ya estos juzgados.
Estas oficinas judiciales se pusieron en marcha en junio de 2017 a raíz de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que dejó sin efecto las cláusulas suelo. Si en Barcelona el juzgado habilitado exclusivamente para la materia ya ha tenido que suspender parte de los señalamientos, en Lleida se está dando cita para finales de 2019, mientras que en Tarragona y Girona se está citando al acto de audiencia previa por entre marzo y abril de 2019.
El porcentaje de asuntos pendientes de sentencia a finales de julio de 2018 era del 81,60%, mientras que el índice de resolución era sólo de un 18,40%. Esto quiere decir que, en Cataluña, apenas dos de cada diez demandantes por cláusulas suelo han visto resuelta su reclamación en los juzgados.
A la vista de estas alarmantes cifras, el Consejo de la Abogacía Catalana, que representa los 14 Colegios de Abogados de Cataluña, pedirá formalmente al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que deje sin efecto su Plan sobre los juzgados únicos provinciales para resolver las demandas por cláusulas suelo y otras reclamaciones por gastos financieros derivados de la formalización de hipotecas. También solicitará al Ministerio de Justicia que informe negativamente ante una eventual prórroga de este Plan, teniendo en cuenta su ineficacia y los graves perjuicios que está provocando a los afectados.
El Plan centraliza, en el caso de Cataluña, en sólo cuatro juzgados de primera instancia – el número 50 Barcelona, con un juez titular y cuatro juezas de refuerzo, el número 8 de Tarragona, el número 6 de Lleida y el número 3 de Girona – los tribunales donde hay que presentar las demandas por cláusulas suelo, circunstancia que, además de ineficaz, obliga a muchos ciudadanos a desplazarse a las capitales de cada provincia para defender sus derechos.
«Teniendo en cuenta que el 99% de las resoluciones son favorables al demandante, el hecho de que se tarde tanto en dictar sentencia perjudica claramente al ciudadano», destaca el presidente del Consejo de la Abogacía Catalana, Julio J. Naveira, que considera que el hecho de centralizar estos asuntos en sólo cuatro juzgados en toda Cataluña «no hace más que dilatar el tiempo que se tarda en dar la razón al demandante». Para Naveira «la provincialización de las cláusulas suelo no sólo aleja la justicia del ciudadano, sino que hace inviable la resolución de los asuntos en la misma proporción que resultaría si se repartieran entre todos los juzgados de primera instancia de todo el territorio, en función del domicilio del demandante». Por este motivo, califica el plan de «totalmente perjudicial para la ciudadanía».
En mayo de 2017, el Consejo ya recurrió ante el Tribunal Supremo el acuerdo del CGPJ de centralizar en un único juzgado por provincia estos asuntos, alertando del colapso que ello provocaría. También impugnó las prórrogas del Plan, aprobadas por el CGPJ en diciembre de 2017 y junio de 2018, que incrementaba el número de jueces pero continuaba centralizando en las capitales de cada provincia la resolución de estos asuntos. La Abogacía Catalana argumenta que este Plan del CGPJ perjudica los intereses de los afectados porque dificulta el acceso a la justicia del ciudadano, que debe desplazarse y destinar unos recursos económicos y de tiempo a la hora de reclamar sus derechos, circunstancia que, además, puede generar un efecto disuasorio.
18.457 demandas presentadas en diez meses en toda Cataluña
Entre 1 de enero y 26 de octubre de 2018 se habían presentado 18.457 demandas en los juzgados catalanes especializados en cláusulas suelo, de las que 13.986 corresponden al juzgado especializado de Barcelona; 1.798 en el de Girona; 871 al de Lleida y 1.802 en el de Tarragona .
A estas hay que sumar las 18.474 que se presentaron en total en Cataluña entre junio y diciembre de 2017 (14.601 en Barcelona, 1.397 en Girona, 1.816 en Tarragona y 660 en Lleida).