El Ayuntamiento de Barcelona ha iniciado los trámites para modificar la Ordenanza reguladora de las rehabilitaciones de edificios de viviendas. El objetivo es que los promotores se comprometan a asegurar el realojamiento de los inquilinos que sea necesario desalojar y su retorno una vez concluida la obra.
Es una nueva medida en el marco de la lucha contra la gentrificación en los barrios y el impulso de promociones de viviendas en edificios que derivan en la expulsión del vecindario tradicional.
La teniente de alcalde de Ecología, Urbanismo y Movilidad, Janet Sanz, ha manifestado que «debemos proteger la parte más débil en operaciones de carácter especulativo que se están dando en la ciudad y que están derivando en procesos de expulsión residencial y gentrificación».
A su vez, el concejal de Vivienda, Josep Maria Montaner, remarcó que las medidas nuevas mejorarán aún más la rehabilitación, un sector clave y esencial en la transformación de la ciudad. «Los cambios que incorporamos tienen que ver con potenciar y dignificar el proceso de rehabilitación» del parque de viviendas de la ciudad, explicó.
Así, las novedades introducidas en la ordenanza tienen como objetivos principales:
– En las rehabilitaciones, garantizar que los propietarios cumplirán los deberes legales de realojo y retorno de los ocupantes legales a los que sea necesario desalojar mientras duren las obras. Y facilitar las actuaciones disciplinarias en caso de incumplimiento.
– Promover y facilitar las instalaciones solares térmicas y fotovoltaicas de carácter voluntario para impulsar la generación de energía renovable en la ciudad.
– En las obras que afecten al subsuelo, prever medidas de seguridad respecto a los inmuebles vecinos y el espacio público.
Blindar los inquilinos en las rehabilitaciones de viviendas
En los últimos años, han crecido las operaciones de rehabilitación que están ligadas a inversiones inmobiliarias que conllevan reformas importantes de las viviendas para su posterior comercialización. Todo ello ha comportado en ciertos casos la práctica comprobada de expulsiones de los inquilinos de pisos, bajo el paraguas de la realización de obras de rehabilitación que no permiten continuar con el uso cotidiano de la vivienda durante la ejecución de las obras e impiden ejercer el derecho de retorno.
Sin embargo, la legislación española -Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana- y la catalana -Ley del Derecho a la Vivienda y la Ley de Territorio, actualmente en tramitación- reconocen el derecho a un alojamiento provisional y el retorno, cuando sea posible, de los arrendatarios.
El equipo de Gobierno quiere asegurarse de que se cumplan estas condiciones desde las competencias municipales. Por ello, se ha incorporado al texto de la ordenanza que los propietarios deberán incorporar una nueva declaración responsable que determine expresamente su compromiso de dar cumplimiento a las obligaciones de realojamiento y de retorno en caso de que tengan derecho, de acuerdo con el marco jurídico vigente.
Por otra parte, se exigirá la presentación de un plan de realojamiento con la identificación de los pisos afectados, sus ocupantes legales y propietarios del edificio en el momento de ejecutar las obras; las características, calendario y duración de los alojamientos provisionales, y los datos de los inquilinos con derecho de retorno.
Hacia el impulso de la producción de energía solar
También se reforma la ordenanza para facilitar la tramitación de las instalaciones solares térmicas -para producción de agua caliente- y fotovoltaicas -para producción de electricidad- de carácter voluntario.
La finalidad es reducir la complejidad y coste de tramitación del permiso para ejecutar instalaciones pequeñas -menos de 7 m2 de superficie en el caso de las térmicas o menos de 5 kWp de potencia en el caso de las fotovoltaicas-, permitiendo la tramitación con una memoria técnica que puede firmar un instalador. Para instalaciones más grandes, se continuará pidiendo proyecto firmado por un técnico competente.
Foto: Barcelonaaldia.com