Barcelona 17-10-2018 / La nueva normativa que aprobó el Ayuntamiento hace pocas semanas, mediante la cual los promotores deberán reservar un 30% de los pisos que construyan a vivienda protegida a precios asequibles, ha generado un efecto indeseado en el gobierno de Ada Colau: se han disparado las peticiones de licencias de obras para eludir tener que cumplir este requisito.
La normativa no está en vigor, pues aunque la aprobó el Consejo Plenario del Ayuntamiento de Barcelonaa finales de septiembre, debe ratificarla la Generalitat. Desde que se anunció que el gobierno de Colau tenía intención de aprobar esta modificación a la normativa sobre construcción de inmuebles, lo cual sucedió el pasado mes de junio, hasta fechas recientes las solicitudes de licencias se han disparado.
En concreto, si durante los nueve primeros meses de 2017 se presentaron 206 peticiones de licencia, este año en el mismo periodo han llegado a las 591, practicamente el triple.
El gobierno de Colau ha lamentado el poco sentido social de los promotores por ofrecer una parte de la vivienda que construyen a precio asequible, pero también ha criticado a ERC y PSC porque cuando aprobaron la normativa se negaron a que se estableciese un periodo de un año de cuarentena en la tramitación de nuevas licencias.
El gobierno de Colau informó que los últimos años se construyen o reforman en Barcelona por término medio unos 1.114 pisos, con lo cual de mantenerse esta media Barcelona contaría con 334 viviendas protegidas cada año.
Conviene recordar que esta medida afecta a las promociones de viviendas que superen los 600 metros cuadrados de superficie. Entrará en vigor cuando la Generalitat le dé su aprobación.
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