12-2-2022 / El Consorcio de la Zona Franca (CZF) requerirá judicialmente, a instancias de la Junta de Compensación donde está presente el Ayuntamiento de Barcelona, el desalojo de la hermandad Antiguos Caballeros Legionarios de los terrenos y el edificio que ocupan al no abandonar las antiguas Cuarteles de Sant Andreu.
El requerimiento judicial a los responsables de la entidad se produce después haber rechazado estos una indemnización de 12.600 euros para marcharse, lo que impide que el distrito de Sant Andreu pueda continuar con la transformación del espacio.
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En 2013 el Consorcio de la Zona Franca (CZF) firmó un convenio con las hermandades de Sargentos Provisionales, Caballeros Mutilados y Antiguos Caballeros Legionarios para cederles el uso de una parcela de 5.000 metros cuadrados, además del local de los antiguos cuarteles de Sant Andreu que ya ocupaban.
En el convenio se explicitaba que en cualquier momento esta cesión podía finalizar y ahora la hermandad no se opone a abandonar los terrenos, pero sí el local que es el objeto del conflicto. El movimiento vecinal, que no fue consultado al respecto, consideró injusta e inapropiada esta cesión, y desde 2016 se activaron las gestiones desde el Ayuntamiento para instar al CZF a revertir este convenio.
Este desempleo definitivo del espacio permitirá avanzar en la transformación de Casernes. En concreto, el desarrollo de esta parcela implicará la construcción de vivienda privada y equipamientos que se concreten, a desarrollar por Adif y el CZF, respectivamente, según el proceso participativo recogido en la MPGM de 2006.
Esta transformación se sumará a los más de 50 millones de euros invertidos por el Ayuntamiento en los antiguos Cuarteles de Sant Andreu entre el mandato pasado y el actual, y que incluyen tres promociones de vivienda pública de alquiler, una guardería municipal y el Espai Jove Jaume Oller, en más de las urbanizaciones del Parque Antoni Santiburcio y la Rambla Marta Mata.
Una larga reivindicación del Distrito
El solar en cuestión fue cedido por el CZF al Ayuntamiento, en cumplimiento de los convenios de reparcelación de Casernes en el año 2010. Esta cesión, de acuerdo con la Ley de Urbanismo, debería haberse realizado con los terrenos libres de edificios y ocupantes, dado que el Ayuntamiento ostenta únicamente su propiedad fiduciaria, lo que implica que sólo tiene la finca en tutela, hasta que la traspase al administrador estatal de infraestructuras Adif, el operador encargado de desarrollarla, según MPGM de 2006.
En 2019, desde el Ayuntamiento, se requirió formalmente a la Junta de Compensación, el órgano de gestión urbanística presidida por el CZF y que debe aprobar la ejecución del derribo de las construcciones incompatibles con el planeamiento y el desahucio de sus ocupantes, que entregara a la Corporación Municipal la finca ocupada libre de preexistencias.
A lo largo de 2019 se volvió a instar en repetidas ocasiones al CZF para avanzar en el proceso y, tras la pandemia, se reanudaron las negociaciones, fruto de las cuales las hermandades de Sargentos Provisionales y de Caballeros Mutilados aceptaron la indemnización y abandonaron el espacio. Más adelante, el Ayuntamiento instó a la Junta para iniciar trámite judicial que permitiera el desempleo definitivo del local por parte de la última entidad.
El 21 de enero el CZF envió un burofax a la hermandad para informarles de que tenían 15 días hábiles para abandonar los terrenos y el local y aceptar la indemnización, propuesta que han rechazado.
Foto: Google