17-7-2020 / Continúa el trabajo para mantener dentro de la legalidad toda la actividad de las viviendas de uso turístico de Barcelona. En el marco de las actuaciones derivadas del plan de choque para controlar estos alojamientos turísticos, el Gobierno municipal ha abierto una nueva línea de trabajo para revisar la adecuación a la normativa de todos los pisos con licencia vigente.
Con el confinamiento del Estado de Alarma decretado debido a la Covid-19, los servicios de inspección municipales readaptan sus tareas. A raíz del teletrabajo y a la ausencia de turistas, la actividad se centró en analizar más a fondo los datos de que se disponía e identificar anuncios que aparentemente eran legales pero que ocultaban irregularidades, tales como alquileres de habitaciones que en realidad eran de un piso entero.
También se aprovechó para revisar las viviendas con los permisos vigentes. En concreto, se han verificado 1.126 pisos que presentaron el comunicado de inicio de actividad y la pertinente declaración responsable en dos momentos del mandato 2011-2015, justo antes de que se decretaran dos suspensiones de licencias de HUT. Son la suspensión del 2 de mayo de 2014, que afectaba el ámbito central de la ciudad -menos Ciudad Vieja, donde ya no se permetien-; y la suspensión del 24 de octubre de 2014, que afectaba el resto de territorio.
En total, se ha detectado que 300 presentaron las declaraciones responsables manifestando que disponían de cédula de habitabilidad cuando en realidad no la tenían. De estos, hay 156 que aún a día de hoy no dispondrían de cédula. Y 83 se concentran en sólo 6 propietarios. Por distritos, la mayoría se sitúan en el Eixample y Sants-Montjuïc.
Ante esta realidad, el consistorio ha abierto los procedimientos disciplinarios para dejar sin efecto estas licencias de vivienda de uso turístico. Una vez se compruebe que están en situación de irregularidad y se demuestre que no tienen cédula y / o que no la tenían cuando presentaron el comunicado de inicio de actividad y la declaración responsable, se darán de baja.
Además, se incoarán los procedimientos sancionadores que correspondan según la legislación vigente. Y el Ayuntamiento solicitará a los propietarios que incorporen los pisos en la bolsa de alquiler asequible para compensar la actividad irregular que han cometido. Si hay sospechas de que hayan podido cometer un delito de falsificación documental, los casos se pondrán en conocimiento del Ministerio Fiscal para que tome las medidas penales oportunas.
A esta realidad se suman 297 viviendas turísticas que el consistorio ya ha dejado sin efecto entre este mandato y el anterior. Responden a casuísticas diferentes, tales como que el titular del piso no coincidía con el de la licencia; pisos con permisos vigentes que se habían dividido en dos o más emplazamientos o no disponer de cédula de habitabilidad, entre otros, y se han identificado gracias al trabajo de los servicios de inspección municipales. En total, pues, hay un total de 597 pisos turísticos que tenían licencia y han cometido irregularidades que ya han sido dados de baja o están en proceso.