29-2-2020 / El Ayuntamiento de Barcelona se ha dirigido esta semana a través de una carta firmada por la alcaldesa, Ada Colau, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para defender la actuación que llevan a cabo los equipos de intervención en situaciones de desahucio, en respuesta al requerimiento realizado por el organismo judicial hace unas semanas en el que ponía en cuestión la prueba que realizan estos equipos.
El Ayuntamiento no sólo defiende el servicio que realizan estas unidades sino que anuncia al TSJC que continuará trabajando de la misma manera, ya que este servicio, creado en 2015 y pionero en el Estado, hace una importante y necesaria tarea de acompañamiento unidades de convivencia que se encuentran en una situación muy vulnerable, buscando soluciones a través de la mediación con las propiedades.
El pasado miércoles la concejala de Vivienda y Rehabilitación, Lucía Martín, manifestó que «nos parece un absoluto despropósito y un sin sentido que se cuestione un servicio de este tipo y no se diga nada de las prácticas ilegítimas que vulneran la legislación y atentan contra los derechos humanos y dejan indefensas las familias ante desahucios». La concejala ha insistido: «¿Por qué no se cuestionan los dispositivos policiales totalmente desproporcionados e inadecuados que se envían para desahuciar familias vulnerables?»
El Servicio de Intervención en la Pérdida de la Vivienda y las Ocupaciones (Sipho) es una unidad formada por 18 profesionales que se dedican exclusivamente a la prevención y mediación en procesos de desahucio de personas en situación de vulnerabilidad. Su actuación no se limita al acompañamiento durante los lanzamientos judiciales.
Su trabajo tiene un largo recorrido previo a ese momento, trabajo que se centra en la búsqueda de soluciones para las familias, y que se basa en la mediación con la propiedad para encontrar la salida que pueda evitar la pérdida de la vivienda a las familias. En este recorrido se activan una gran diversidad de recursos municipales para ofrecer una atención integral, y para llegar a la solución más adecuada: ayudas económicas para el pago del alquiler, o el ofrecimiento a la propiedad de la cesión de su vivienda en la bolsa de Alquiler de Barcelona que incluye el acceso a ayudas para cubrir deudas pendientes de hasta 6.000 € y ayudas a fondo perdido para realizar obras de rehabilitación en la vivienda de hasta 20.000 €.
A lo largo de estos años, el servicio de intervención ha acompañado con procesos de mediación y de búsqueda de soluciones para evitar los desahucios, a más de 10.000 familias. El año 2019, esta unidad atendió alrededor de 6.400 personas, entre las cuales el 30% eran menores de edad. «Estamos hablando de familias vulnerables, de personas mayores, de menores de edad, de gente con dificultad añadida, es un total contrasentido que se cuestione el acompañamiento a estas personas», ha insistido.
La concejala Lucía Martín también se ha referido a las actuaciones que está llevando a cabo el Ayuntamiento en relación con el nuevo Decreto Ley 17/2019, de 23 de diciembre, de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda. Según explicó, «tenemos detectados unos 1.000 casos en los que creemos que entidades financieras y fondos de inversión deben cumplir la nueva legislación, y por eso estamos enviando cartas para advertir estas entidades que están obligadas a ofrecer alquiler social a las familias arrendatarias , lo hacemos preventivamente».