Barcelona 1-12-2018 / El Ayuntamiento de Barcelona está tramitando actualmente un total de 13 expedientes sancionadores contra compañías suministradoras de electricidad por incumplimiento de la Ley de pobreza energética.
Son ocho sanciones más respecto de las que existían a finales del 2017 y llegan en un momento en que los Puntos de Asesoramiento Energético (PAE) han detectado durante las últimas semanas, a las puertas del invierno, un aumento de los cortes ilegales de suministro eléctrico por parte de empresas.
El importe de las sanciones oscila entre los 30.000 y 70.000 euros, según el grado de incumplimiento, y todos ellos tienen su origen en un corte practicado a personas en situación de vulnerabilidad que tenían el preceptivo informe de los Servicios Sociales municipales que acreditaban esta situación.
Doce de las sanciones se han interpuesto por un valor de 30.000 euros y una más por valor de 70.000, lo que suma 430.000 euros en total. La práctica totalidad de los expedientes tienen que ver con Endesa, que es quien concentra la mayoría de la comercialización de electricidad en la ciudad.
Con el incremento de los expedientes sancionadores del Ayuntamiento de Barcelona quiere afianzar su firme compromiso con la defensa de la Ley de pobreza enérgetica y enviar el mensaje inequívoco que estudiará caso por caso y llevará a los tribunales cualquier incumplimiento que detecte, independientemente de que luego de los avisos que se están haciendo por parte de los Servicios Sociales las compañías vuelvan a conectar las familias el suministro eléctrico.
De hecho, ante la certeza de que Endesa ha vuelto a ampliar el número de cortes, el Consistorio ha decidido reforzar los equipos encargados de supervisar cada uno de los expedientes.
La defensa de los derechos energéticos, sin embargo, va más allá del aspecto jurídico. Por esta razón el Ayuntamiento de Barcelona creó los PAE, que a finales del próximo mes de enero cumplirán dos años en funcionamiento. Este servicio a la ciudadanía ha atendido unas 50.000 personas, ha evitado cerca de 10.000 cortes de suministro y ha permite a las familias ahorrar más de 110.000 euros en el recibo gracias a las medidas de ahorro implementadas.
Igualmente, ha impulsado convenios con todos los servicios públicos posibles para mejorar la detección de la pobreza energética, un fenómeno históricamente invisibilizado, que ha hecho de Barcelona un referente a escala europea en la defensa de los derechos energéticos.
También, vinculado con el sector energético, se ha intensificado la labor de inspección tributaria llevada a cabo por el Ayuntamiento, lo cual ha permitido liquidar 4 millones de euros de ingresos adicionales, entre 2016 y 2018, por la regularización y el pago de impuestos pendientes de la tasa por aprovechamiento especial del dominio público y de los intereses acumulados por parte de empresas de suministro energético.