Eloi Badia, vicepresidente de Medio Ambiente del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) y Sergi Mingote, presidente del Consorcio Besòs Tordera y vocal del comité ejecutivo de la Federación de Municipios de Cataluña (FMC) han hecho pública hoy la decisión de las tres entidades de interponer un recurso contencioso – administrativo contra el acuerdo del Consejo de Administración de la Agencia Catalana del agua (ACA) para el incremento en un 11,8% de la tarifa del agua en alta , suministrada por Aguas del Ter-Llobregat (ATLL), y pedir la medida cautelar de suspensión ejecutiva de este acuerdo por el «grave perjuicio económico que representaría su aplicación a las tarifas de consumo».
En opinión de las tres entidades, esta subida está muy por encima del IPC, no corresponde a ninguna mejora del servicio y traslada el encarecimiento de un servicio indispensable a los entes locales y la ciudadanía .
Además, se prevé la publicación inminente de la sentencia del Tribunal Supremo sobre la posible anulación del concurso de privatización de ATLL que llevó a cabo la Generalidad de Cataluña. En este sentido, las 3 entidades municipalistas consideran «altamente inapropiado» cargar la ciudadanía con nuevas subidas en el recibo del agua cuando probablemente estamos a las puertas de recuperar la gestión pública de ATLL y poder reducir el coste.
Esta incremento fue aprobado por el Consejo de administración de la ACA el pasado 28 de diciembre, con 7 votos en contra de los municipios afectados, y se aplica al agua que los ayuntamientos y las entidades suministrados reciben de la Red Ter Llobregat, que da servicio a las comarcas de la Selva, Alt Penedès, Anoia, Baix Llobregat, Barcelonès, Garraf, Maresme, Vallès Oriental y Vallès Occidental.
Entrará en vigor el próximo mes de marzo y afectará a 116 municipios y unos 4,5 millones de personas, dependiendo del consumo y de cómo los diferentes ayuntamientos y las compañías suministradoras finales lo apliquen. Según fuentes de la propia ACA, será igual o superior a 1 euro por recibo.
La AMB, el Consorcio Besòs Tordera y la FMC consideran que con este incremento se traslada a los ayuntamientos y a sus administrados los efectos de esta decisión.